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Ante la importancia de tener una Corte de Cuentas de la República (CCR) que cumpla con su rol, y dadas las expectativas de la población por el combate a la corrupción, estas asociaciones han conformado una mesa técnica para dar seguimiento al proceso de elección de los nuevos magistrados y al debate legislativo sobre la reforma a la Ley de la Corte de Cuentas. Esta mesa técnica recabará y elaborará insumos que serán de utilidad para que la Asamblea Legislativa de El Salvador cuente con elementos técnicos para debatir y aprobar cambios que resulten útiles para las labores de control que la CCR realiza.

El presente estudio tiene como finalidad profundizar en el análisis de las 3 etapas del modelo actual de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, con el propósito de proponer algunas ideas para su fortalecimiento. Este estudio se divide en 5 apartados. El primero de ellos, realiza una hojeada histórica de la forma prevista para la elección de los magistrados de la CSJ en las constituciones precedentes. El segundo se enfoca en realizar un análisis sobre las causas que dieron lugar a la reforma constitucional del art. 186 y las consecuencias jurídico-políticas de su adopción, con fines de reconstruir la institucionalidad del país. El tercer apartado se concretará en describir la normativa legal y reglamentaria que desarrolla la norma constitucional, así como en analizar la práctica forense vista desde la óptica de los juristas consultados. En el cuarto punto se expone cómo la jurisprudencia constitucional ha marcado pautas importantes que inciden en una comprensión diferente del proceso en mención, tanto en cuento al perfil del aspirante a candidato a magistrado, como del procedimiento que se debe llevar a cabo para garantizar los valores de la transparencia, motivación e independencia judicial. Finalmente, el quinto expondrá propuestas de mejora en cuanto a buenas prácticas en la preselección y selección de candidatos, y en la elección de magistrados; así como de reformas que podrían coadyuvar a perfeccionar el sistema a fin de garantizar elecciones de magistrados de la CSJ independientes, probos y competentes.

El comunicado indica que el Presupuesto General de la Nación 2021 está desfinanciado; sostiene una elevada deuda, omite partidas, entre otros; por lo que hace un llamado a la Sala de lo Constitucional para que exija al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que cumplan y hagan cumplir la Constitución de la República de El Salvador.

Las organizaciones expresan, entre otros, que en una sociedad democrática existe el derecho a disentir y criticar la gestión gubernamental. Quienes ejerzan tal derecho no deben ser sujetos a represalias de ningún tipo.

Ante el incumplimiento por parte del Órgano Ejecutivo de El Salvador, de lo ordenado por la Sala de lo Constitucional, las organizaciones firmantes se expresan y manifiestan a la opinión pública al respecto en este comunicado.

Ante la iniciativa infundamentada del Ejecutivo de promover reformas a la Constitución de El Salvador, varias organizaciones se expresan en este comunicado.

Las organizaciones firmantes, entre otros, valoran que las instituciones del Estado salvadoreño están funcionando para deducir responsabilidades ante el rompimiento del orden constitucional y la vulneración de la democracia representativa, ocurrido en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero de 2020; asimismo, invitan a la comunidad internacional a que se mantenga vigilante ante estos acontecimientos.

El comunicado indica que son numerosas las irregularidades en compras públicas realizadas durante la pandemia, por lo que organismos de la sociedad civil salvadoreña condenaron el intento de la Policía Nacional Civil (PNC) de obstaculizar el allanamiento de la Fiscalía, la cual cumplía su función constitucional al iniciar las investigaciones respectivas al Ministerio de Salud y otras instituciones públicas.

En este comunicado las organizaciones llaman al Presidenta que respete la Constitución que juró cumplir el 1 de junio de 2019; ya que dicha Constitución de la República de El Salvador lo obliga a procurar la armonía social (art. 168), colaborar con las demás instituciones, y respetar la independencia de estas (art. 86).

Ante las nuevas disposiciones de ingreso a El Salvador en el marco del combate a la pandemia de COVID 19, así como las restricciones a la movilidad de los habitantes de Corinto, Morazán, donde se ha experimentado un supuesto aumento de contagiados, las organizaciones firmantes ven con preocupación que continúa por parte del Ejecutivo la reiterada violación a los derechos constitucionales de libre circulación.

Este comunicado menciona que el equipo Ad Hoc para el estudio y propuestas de reformas a la Constitución de la República, creado a iniciativa del presidente de El Salvador, invitó a distintas organizaciones de sociedad civil a una presentación del proyecto para reformar casi toda la Constitución. Es válido actualizar la Constitución en debida forma, pero este proceso, y bajo el actual contexto, no otorga condiciones de legitimidad democrática. Asimismo, menciona el comunicado, que las organizaciones están abiertas a participar y aportar en los proyectos de desarrollo y bienestar del país; pero, mientras no se generen condiciones democráticas, existe el riesgo de que dicha participación sea usada solo para dar una apariencia de legitimidad. Por ello anotan que no participarán: ¡así no!

En este comunicado se menciona que las instituciones del Estado están siendo manipuladas para callar las voces que exigen el cese de los atropellos a la Constitución y al orden democrático; por lo que las organizaciones firmantes exigen a la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General y al gobierno de El Salvador que respeten la libertad de expresión y se abstengan de toda acción que busque intimidar a la sociedad civil y al periodismo independiente; por lo mismo, hacen un llamado a la comunidad internacional, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.

Ante el hecho de violencia en el que ayer miembros del partido salvadoreño FMLN fueron asesinados y otros heridos de bala, las organizaciones de la sociedad civil firmantes de este comunicado, lamentan la irracional pérdida de vidas, condenan enérgicamente este y todos los hechos de violencia política, denuncian la intolerancia y violencia electoral, entre otros. Asimismo, mencionan que hay que defender la democracia contra todas sus amenazas.

Las organizaciones de la sociedad civil suscriptoras de esta carta, agradecen el enorme interés del gobierno de Estados Unidos por acompañar a la sociedad salvadoreña a encontrar una salida legítima a la actual crisis constitucional y política. Indican que están convencidos de que esta crisis no hará sino agravar las causas que históricamente han provocado la migración hacia dicho país e imposibilitará la creación de mejores condiciones de vida para todos los salvadoreños. A través de cinco numerales plantean propuestas para impulsar una agenda mínima de solución.

Las organizaciones firmantes se manifiestan y hacen urgente llamado al gobierno de El Salvador, a los partidos políticos, al presidente Bukele y a la ciudadanía salvadoreña, ante las publicación de la denominada lista Engel por parte del gobierno de los estados Unidos, la cual contiene un primer listado de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras "que deliberadamente se han involucrado en: acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas; significativa corrupción; o en la obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción".